En 1968 y, acogiéndose a la Ley de Asociaciones de 1964, se constituye la primera asociación vecinal en el vallecano barrio de Palomeras Bajas, mientras otras se camuflan bajo el marchamo de las asociaciones familiares o de cabezas de familia.
En febrero de 1975, once entidades vecinales firman el acta constituyente de la federación. Son las asociaciones de Alcalá de Henares, Carabanchel Alto, Concepción, Leganés, La Paz de Vallecas, La Zaporra, Moratalaz, Orcasitas, Palomeras Altas, Palomeras Bajas, Palomeras Sureste, Portugalete, Pozo del Tío Raimundo, San Blas y Villa Rosa. Todas ellas presentarán ante el Gobierno Civil la documentación requerida para la constitución de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Provincia de Madrid.
Los sucesivos cierres administrativos de los locales de la federación culminarían, el 5 de diciembre de 1975, con la resolución denegatoria de su reconocimiento por el Ministerio de Gobernación, que mantenía en el limbo legal de las asociaciones “en trámite” a más de 70 entidades vecinales.
En febrero de 1975, cuando se constituye la federación provincial madrileña, una veintena de entidades vecinales que cumplen los requisitos de la Ley de Asociaciones de 1964 continúan aún en trámite de legalización.
Pese al recurso de 2 de enero de 1976 contra la denegación gubernativa de inscripción de la federación provincial y a sus persistentes programas reivindicativos, ésta no sería legalizada hasta el 2 de noviembre de 1977.
En 1976 son cada vez más las asociaciones y colectivos ciudadanos que no obtienen el reconocimiento legal las autoridades. Tanto es así que en octubre del mismo año se constituye la Comisión de Asociaciones en Trámite de ámbito estatal, que se reunirá en Madrid en enero de 1977.
El mismo gobernador civil que denegaba el reconocimiento y cerraba asociaciones vecinales como la de San Blas y la de Palomeras Sureste, entre otras, no tendrá más remedio, en 1977, que legalizar de golpe, en un par de semanas, a sesenta asociaciones vecinales y a su federación.
En la actualidad la FRAVM cuenta con 265 asociaciones federadas.
La lucha contra la carestía de la vida y, específicamente, contra el fraude del pan auna en el bienio 1975-1976 los esfuerzos de las asociaciones vecinales y de su federación, en conjunción con las de amas de casa.
Las acciones de pesado del pan en los barrios y pueblos, la distribución masiva de folletos de denuncia demandando la venta del pan al peso y la reestructuración del sector, la consecución del “Pleno del pan” en junio de 1975, el informe al presidente del Gobierno de 23 asociaciones y su federación, la asamblea de agosto de 1976 en San Blas, la manifestación del 3 de septiembre en General Ricardos y las de días sucesivos, precederán la gran manifestación del 14 de septiembre de 1976 en Moratalaz.
100.000 personas se manifestaron en el camino Vinateros contra la carestía de vida al grito de ¡Pan, trabajo y libertad!, por la legalización de las asociaciones vecinales, la amnistía, la democracia, la libertad y los ayuntamiento democráticos.
Las protestas y movilizaciones lograron acabar con el oligopolio del pan y la liberalización del sector.
En la lucha por los derechos de reunión y asociación confluyen los movimientos obrero y vecinal madrileños, cuyas protestas son duramente reprimidas en la última década de la dictadura y en la transición.
Las denegaciones de inscripción, las detenciones e incluso asesinatos de dirigentes vecinales, las prohibiciones de actos públicos y reuniones, la disolución con carga policial de asambleas, concentraciones y manifestaciones, el cierre gubernativo de locales… son la tónica en esos años.
La intensidad de la represión se corresponde con la intensidad de las protestas y con el peso adquirido por el movimiento vecinal madrileño. En junio de 1977, alrededor de 220.000 personas militan activamente en las AAVV con un radio de influencia sobre un millón de ciudadanos.
Si en 1975 se contabilizan 80 manifestaciones vecinales, en 1976 una treintena de acciones reivindicativas congregan a 208.000 personas y un año después serán 60 las protestas y 240.000 el número de manifestantes.
El ejercicio del autoritarismo y la arrogancia contra el asociacionismo vecinal no ha faltado en el periodo democrático, agudizándose según fuera el talante del concejal, el consejero o el delegado gubernativo en cuestión.
A las habitualmente fastidiosas, discrepantes y en ocasiones conflictivas relaciones con las delegaciones del Gobierno, a los rifirafes y desencuentros con la policía nacional o municipal, a las cortapisas para ejercer los derechos de reunión o de información, a las prohibiciones, se suman, de cuando en cuando, las expulsiones, la disolución violenta de manifestaciones y concentraciones, las detenciones, las “retenciones”, las multas, las visitas a los juzgados, la amenazas de cierre o directamente el cierre de locales…
Un periodo particularmente represivo es el del delegado de Gobierno Javier Ansuátegui, de 2000 a 2004, que fue precedido de uno de los más conciliadores y dialogantes, el de Pedro Núñez Morgades.