En 1988 se producen las primeras denuncias y protestas de los vecinos de la calle Seseña contra la alta tensión aérea. La alarma se dispara cuando un niño que jugaba en una torre de alta tensión es hospitalizado con graves quemaduras. Debido a las fuertes movilizaciones de diversos barrios que comparten el problema, el Fiscal General de Medio Ambiente da un plazo de ocho años para el soterramiento de todos los cables de Madrid.
En 1997 y 1998 tienen lugar importantes manifestaciones en las calles Seseña y Valmojado: se denuncian algunas muertes y el incremento de tumores que podrían haberse producido por la contaminación electromagnética de los tendidos.
Estas presiones se hallan detrás del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Madrid, Iberdrola y la Comunidad para eliminar los cables y hacer desaparecer las subestaciones eléctricas. Se crea una comisión de seguimiento en la que participa la FRAVM.
En 2006, fruto del tesón y empeño del vecindario de las calles Seseña y Dolores Aguado comienzan las obras de soterramiento de cables en varias zonas del distrito, un proceso que aún no ha finalizado.